Megan Murray, una epidemóloga de Harvard especializada en tuberculosis, ha vivido en carne propia las consecuencias de una batalla política que está dejando en vilo a la investigación biomédica en Estados Unidos. Aunque su proyecto fue aprobado para recibir nuevos fondos del Instituto Nacional de Salud (NIH), la paralización del gobierno y la congelación de transferencias de dinero la dejaron en una situación absurda: tenía financiamiento, pero no podía usarlo.
Durante meses, muchos investigadores vieron sus subsidios interrumpidos, cancelados o envueltos en ambigüedades administrativas. En el caso de Murray, su trabajo en tuberculosis, que incluye estudios en Perú con miles de participantes y una gran infraestructura científica, estuvo al borde de detenerse por completo. Este tipo de proyectos no solo generan conocimiento; también forman profesionales, sostienen laboratorios y tienen un impacto directo en la salud pública.
Harvard en el centro de una disputa ideológica
El caso de Murray se inscribe en una ofensiva más amplia del gobierno de Donald Trump contra ciertas universidades, especialmente Harvard. En octubre de 2025, la administración congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones federales para investigadores de esa institución, alegando que no se había protegido adecuadamente a estudiantes y profesores del antisemitismo. Aunque un juez determinó que la medida violaba la libertad de expresión, el gobierno apeló el fallo y propuso vetar a Harvard de futuros fondos federales.
En redes sociales, Trump denunció que la educación superior estaba siendo tomada por ideologías «woke, socialistas y antiamericanas». Esa narrativa justificó la imposición de un acuerdo a universidades, conocido como «el pacto», en el que se ofrecía acceso preferente a fondos públicos a cambio de desmantelar programas de diversidad, limitar el ingreso de estudiantes extranjeros y redefinir aspectos fundamentales del funcionamiento institucional.
Un pacto que divide a las universidades
Frente a este documento, la reacción del sistema universitario fue diversa. El MIT se convirtió en la primera universidad en rechazar públicamente el pacto, seguido por otras seis antes del plazo impuesto. Columbia, Brown y la Universidad de Pensilvania optaron por acuerdos con el gobierno, accediendo a demandas para recuperar el flujo de fondos. Mientras tanto, el New College of Florida anunció con entusiasmo que firmaría el pacto, alineándose plenamente con la visión del ejecutivo.
Según Sarah Spreitzer, del American Council on Education, este intento por condicionar el financiamiento a cambios ideológicos abre un precedente peligroso. La evaluación científica, basada en el mérito y revisión entre pares, podría ser reemplazada por criterios políticos, desvirtuando la naturaleza misma de la investigación académica.
Consecuencias más allá de las fronteras
El trabajo de Megan Murray en Perú, coordinado junto a la organización Socios En Salud, es un ejemplo del impacto global de esta crisis. Allí se almacenan, en congeladores dentro de un laboratorio montado en un contenedor, miles de muestras biológicas de personas afectadas por tuberculosis. Esas muestras, cruciales para entender los efectos a largo plazo de la enfermedad, corren el riesgo de perderse si el financiamiento no se restablece.
Entre los planes estaba realizar tomografías y análisis avanzados a más de mil participantes para evaluar daños pulmonares persistentes. Si el tiempo pasa y no se logra contactar nuevamente a esos individuos, los datos anteriores pierden su valor. «Tenemos congeladores llenos de muestras valiosas, pero se necesita dinero para mantenerlas y analizar lo que contienen», explicó Murray. Sin los fondos, el equipo podría ser despedido, y con ello se evaporaría una década de trabajo conjunto entre EE.UU. y Perú.
El riesgo de desmantelar un ecosistema científico
El impacto económico también es notable. Cada dólar que el NIH invierte genera 2,56 dólares en actividad económica, según datos de United for Medical Research. Si se aprueban los recortes propuestos por el gobierno, se podría perder hasta un 40 % de esa actividad, ralentizando el desarrollo de tratamientos para enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o la misma tuberculosis.
La fuga de cerebros es otro efecto colateral. Científicos talentosos podrían emigrar a países como China o Alemania, donde la investigación se percibe como una prioridad nacional. En lugar de liderar descubrimientos, Estados Unidos podría quedar como espectador en la carrera por la innovación.
Ciencia y política: una relación tensa
Aunque el blanco visible ha sido Harvard, el mensaje es claro para todo el ecosistema académico: alinearse o asumir las consecuencias. Esta presión política sobre el financiamiento científico plantea una cuestión crucial sobre la autonomía universitaria y la libertad de investigación. Si las decisiones sobre qué proyectos apoyar se subordinan a criterios ideológicos, se pone en riesgo el progreso basado en evidencia.
Murray, que se considera simplemente una médica comprometida con sus pacientes y su investigación, resume con frustración la paradoja de su situación: «Intentamos ser buenos ciudadanos globales, y ahora nos dicen que somos los malos por hacer eso».
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by Natalia Polo via WWWhat's new
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